Tras los levantamientos iniciales, la institución determinó que los hechos son de naturaleza penal, por lo que el expediente fue remitido al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
PREOCUPACIÓN POR POSIBLES REPRESALIAS
Ortiz Bosch indicó que la visita a la Procuraduría responde a la preocupación de su organismo ante la posibilidad de que denunciantes o testigos puedan enfrentar represalias administrativas o legales.
Precisó que su presencia allí también estaba encaminada a fortalecer la coordinación interinstitucional en torno al caso.
Informó, además, que la institución trabaja en la elaboración de una propuesta normativa orientada a fortalecer los mecanismos de protección para denunciantes, informantes y testigos, como parte de los esfuerzos para consolidar una cultura de integridad y transparencia en la administración pública.
Reiteró el compromiso del Gobierno de respaldar a los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a denunciar irregularidades y de colaborar con las autoridades para garantizar el respeto al debido proceso.
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