Santiago, República Dominicana. – La Dirección de Servicios Jurídicos de Edenorte Dominicana informó que una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago (Primer Turno) impuso medidas de coerción contra dos hombres acusados de vulnerar el Sistema Eléctrico Nacional.
Los imputados, José Luis Aquino Ynoa, residente en el sector Bella Vista, y Luis José Martínez de la Cruz, de 49 años, domiciliado en Pueblo Nuevo, enfrentan cargos por presunta violación a los artículos 124-1 y 124-V-1 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley 186-07, así como por disposiciones de la Ley 267-68 relacionadas con atentados contra el sistema eléctrico.
Según las informaciones oficiales, a los encartados se les atribuye la destrucción, daño o manipulación intencional de equipos e instalaciones eléctricas, con el propósito de sustraer componentes o interrumpir el suministro del servicio, acciones que constituyen un atentado contra la seguridad del sistema energético nacional.
Los hechos investigados se habrían producido en los sectores Bella Vista y Pueblo Nuevo, en la provincia de Santiago de los Caballeros.
La empresa distribuidora indicó que la Dirección de Seguridad Física, encabezada por el coronel Isaías Acevedo, ejecutó un operativo de investigación que permitió la detención en flagrante delito de uno de los implicados, señalado por el robo de contadores eléctricos.
El Ministerio Público estuvo representado por el magistrado Patricio Rodríguez, mientras que la defensa institucional de Edenorte fue asumida por las abogadas Luisa Rosa García Polanco y Yecenia del Carmen Bueno Peralta.
La magistrada Wendy Tavárez Cuello dispuso como medidas cautelares garantía económica en efectivo de RD$10,000.00 y presentación periódica mensual durante seis meses para Aquino Ynoa, y garantía económica de RD$15,000.00 junto a presentación periódica mensual para Martínez de la Cruz.
Compromiso institucional
Edenorte reiteró su disposición de continuar colaborando con las autoridades en la persecución de delitos eléctricos, al considerar que estas prácticas afectan la estabilidad del servicio, generan pérdidas económicas significativas y comprometen la seguridad de las comunidades.
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