Santo Domingo, 8 may (EFE).- La Junta Central Electoral (JCE) manifestó su oposición este viernes a la propuesta del Gobierno de reducir en un 50 % la asignación presupuestaria de los partidos políticos, al considerar que esto causaría un impacto negativo en los principios de certidumbre, legalidad e integridad electoral.
La institución también precisó en un comunicado que, de materializarse la reducción, «afectaría la equidad en la contienda, la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia», sustentada en el sistema de partidos.
El Gobierno propuso, a finales de abril pasado, la reducción en un 50 % del presupuesto asignado a los partidos políticos, como parte de un conjunto de medidas orientadas a contener el gasto público y mitigar el impacto de la crisis internacional derivada de la guerra en Oriente Medio.
ESTRATEGIA EFICIENTIZAR EL GASTO
En esa oportunidad, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que esta propuesta se enmarca dentro de una estrategia más amplia de contención y eficientización del gasto, con la que se busca generar una disponibilidad cercana a 40,000 millones de pesos.
El comunicado de hoy de la JCE establece, sin embargo, que en el Presupuesto General de la Nación de 2026 se redujo la asignación de los partidos políticos de un 0.25 % de los ingresos nacionales, como lo establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral, a un 0.12 %.
«La propuesta de reducir nuevamente dicha asignación implicaría afectar la planificación financiera, organización, operativa, educativa y logística, así como el cumplimiento de los gastos y compromisos que han contraído (los partidos políticos) con base en el Presupuesto General de la Nación de 2026», afirmó el órgano electoral.
AUTORIDADES DEBEN ACTUAR CONFORME CONSTITUCION
La JCE dijo que confía en que las «autoridades competentes» actuarán conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto del sistema democrático y las reglas preexistentes que garanticen la estabilidad del sistema de partidos, la «sana y justa» competencia electoral, así como el cumplimiento de los fines esenciales reconocidos a dichas organizaciones políticas en el artículo 216 de la Constitución de la República.
La propuesta del Gobierno ha sido rechazada por todos los partidos de oposición, que ven en la misma una «maniobra política» del Ejecutivo.
Las organizaciones consideraron que los recursos que reciben no son discrecionales, sino compromisos institucionales que garantizan la representación, la participación ciudadana y la competencia electoral, por lo que recortarlos significaría debilitar las bases mismas del Estado democrático de derecho y abrir la puerta a un esquema de partido único.
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