Un 31.2 % de los empleados públicos afiliados como titulares al Seguro Familiar de Salud (SFS) permanecía inscrito en Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas al cierre de 2025, en franca violación a las normas y una sentencia del Tribunal Constitucional, que indican deben estar afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Así lo revela el estudio “Seguro Familiar de Salud: Privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS – mayo 2026”, elaborado por los académicos e investigadores Francisco Alberto Tavares Vásquez y Matías Bosch Carcuro.
El informe sostiene que la permanencia de empleados públicos en ARS privadas atenta contra el financiamiento adecuado y sostenible del Senasa.
Además, es una situación contraria a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 87-01 y a lo ratificado por el Tribunal Constitucional en 2018, que ordena la afiliación de los trabajadores del sector público a Senasa, dentro del Régimen Contributivo.
Los datos fueron presentados este lunes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
“Pese a estas obligaciones jurídicas, en 2018 había 208,982 empleados públicos afiliados en ARS privadas, en 2025 seguía siendo una cifra significativa, alcanzando los 185,159, equivalente al 31.5 %. Esto es una situación que viola abiertamente la legislación, la decisión del TC y atenta contra el financiamiento adecuado y sostenible del Senasa”, subrayan los investigadores.
Explican que para el año 2012, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) ordenó el traspaso de todos los empleados del sector público en ARS privadas hacia el Régimen Contributivo del Senasa. No obstante, las diferentes autoridades han hecho caso omiso. No han cumplido con los ordenamientos.
De acuerdo a los datos presentados este lunes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), La cantidad de servidores públicos en ARS privadas creció en el año pasado, en vez de disminuir. La cantidad pasó de representar el 30.2 % en 2024 a 31.2 % en 2025.
En consecuencia, los afiliados en el Senasa experimentaron una baja de 69.8 % a 68.5 % en ese mismo período.
El regimen subsiado es financiado en su totalidad por el Estado dominicano a través del Presupuesto Nacional. En tanto que, el contributivo es mediante una aportación tripartita: una parte es descontada del salario del trabajador, otra es aportada por el empleador y el Estado aporta como empleador-garante del sistema.
Desfinanciamiento servicios públicos
La investigación también resalta que los recursos del Seguro Familiar de Salud han sido orientados mayoritariamente hacia prestadores de servicios privados, asfixiando de manera significativa la parte pública.
Entre 2010 y 2024, los prestadores privados recibieron RD$597,659 millones, equivalentes al 80.5% del total de pagos efectuados por el sistema, mientras que los prestadores públicos percibieron RD$144,856 millones, equivalente al 19.5%.
En términos de montos, entre 2010 y 2024 los prestadores privados recibieron transferencias por RD$361,472 millones a través de las ARS privadas. Además, mediante el Régimen Contributivo de Senasa se desembolsaron RD$162,386 millones, mientras que a través del Régimen Subsidiado se transfirieron RD$73,801 millones.
“Lo antes dicho tiene como consecuencia la asfixia financiera de los servicios públicos de salud, los cuales se ven sometidos a una economía de sobrevivencia, lo cual tiene una explicación clave en la política pública de Seguridad Social, la Ley 87-01, sus reglamentos, resoluciones y esquema de contrataciones”, explica el informe.
De acuerdo con el estudio, las ARS privadas pagaron durante ese período RD$361,472 millones a prestadores privados y RD$50,693 millones a prestadores públicos.
Asimismo, Senasa desembolsó en el Régimen Contributivo RD$162,386 millones a prestadores privados frente a RD$26,963 millones destinados a la red pública.
En el Régimen Subsidiado, Senasa transfirió RD$73,801 millones a prestadores privados y RD$67,200 millones a prestadores públicos. El documento destaca que la participación de los prestadores privados en los pagos de este régimen pasó de 21% en 2010 a 66.9% en 2024.
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