SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, calificó como «una decisión sin precedentes en la lucha contra la corrupción administrativa» el fallo emitido la madrudada de este martes contra e 29 acusados de cometer actos de corrupción en instituciones militares y de seguridad del Estado entre los años 2012 y 2020.
«En este caso el tribunal ha condenado a 29 personas; evidentemente esta es una sentencia ejemplar y una victoria del Ministerio Público», expresó Camacho al valorar el alcance de la decisión judicial.
Sostuvo que la sentencia constituye un reconocimiento al trabajo investigativo desarrollado por el órgano acusador y representa una señal firme contra la impunidad.
«La que ha dado el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional es una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal», manifestó.
BUSCAN FORTALECER RESPUESTA DEL SISTEMA DE JUSTICIA
Camacho agregó que el Ministerio Público continuará presentando casos sustentados en pruebas sólidas con el propósito de fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente a los actos de corrupción.
El Director General de Persecución encabezó la representación del Ministerio Público junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, y los fiscales Jonathan Elías Pérez, Arolin Lemos, Miguel Collado, Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.
La decisión fue adoptada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Giselle Méndez, quien lo preside, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Durante el proceso fueron juzgados 36 imputados, entre ellos 26 personas físicas y 10 jurídicas. El juicio de fondo inició el 27 de junio de 2024 y se extendió por casi dos años, convirtiéndose en uno de los procesos por corrupción más relevantes de la historia reciente de la República Dominicana.
Los expedientes Coral y Coral 5G investigaron una presunta red de corrupción que, según el Ministerio Público, operó desde distintas instituciones militares y de seguridad del Estado mediante el desvío de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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