Santo Domingo.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó la madrugada de este martes a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, tras hallarlos culpables de integrar una red de corrupción que operó en instituciones militares y de seguridad del Estado entre los años 2012 y 2020, durante los gobiernos peledeístas de Danilo Medina.
Juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo
El tribunal, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, también ordenó el pago de RD$5,000 millones en favor del Estado dominicano como reparación por los daños ocasionados por el entramado ilícito.
Cáceres Silvestre y Torres Robiou fueron declarados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y otros delitos agravados por su condición de funcionarios públicos.
En tanto, Núñez de Aza de asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional también declaró culpable a la pastora Rossy Guzmán Sánchez. Le impuso 15 años de prisión y el pago de una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público tras declararla culpable de incremento patrimonial ilícito y participación en el entramado de corrupción investigado por el Ministerio Público.
OTROS CONDENADOS
La sentencia, que será leída de manera íntegra el próximo 14 de agosto, a partir de las 2:00 de la tarde, impone penas de 10 años de prisión a la empleada bancaria Esmeralda Ortega Polanco y al mayor policial José Manuel Rosario Pirón, quienes también deberán pagar multas de 400 y 200 salarios mínimos del sector público.
También, 10 años de prisión y el pago de una multa de 300 salarios mínimos del sector público al teniente coronel Kelman Santana Martínez.
De igual manera, 10 años y el pago de 200 salarios mínimos el general del Ejército Boanerges Reyes Batista, el capitán de la Armada Franklín Antonio Mata Flores, la primer teniente policial Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, el primer teniente de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez.
A cinco años de prisión fueron condenados el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez y Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara. Igualmente, Alejandro José Montero Cruz a 5 años de prisión y al pago de una multa de 50 salarios mínimos del sector público.
Por igual, fue condenado a 3 años de prisión Pedro Roberto Castillo Nolasco.
Asimismo, fue condenada a 5 años de prisión y al pago de multas de 100 salarios mínimos Lucía de los Santos Viola, Onoris Beatriz Soto de los Santos y Epifanio Peña Lebrón.
A 5 años de prisión y al pago de multas de 50 salarios mínimos Manuel de Jesús Alba Solano y a Élida María Trinidad Santiago.
También, fue sentenciado por mayoría de votos a 3 años de prisión y al pago de una multa de 500 mil pesos Carlos Augusto Lantigua Cruz (mayoría de votos). Además, a 3 años de prisión y al pago de 100 salarios mínimos Raymel Pastor del Rosario Viola.
Igualmente, el tribunal ordenó la disolución y el pago multas de 200 salarios mínimos para las empresas CSNA Universo Empresarial, S.R.L.; Randa Internacional Company, E.I.R.L., Aldom Glass Alumimium, S.R.L.; Rawel Importadores S.R.L.; R & F Agroindustrial, S.R.L., y Hacienda Kelman, S.R.L..
El tribunal colegiado emitió un fallo absolutorio, aunque con varios votos disidentes, para los procesados Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Santiago Suárez, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Tanner Antonio Flete Guzmán y Erick Daniel Pereira Núñez, así como para la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
El tribunal rechazó la solicitud de las defensas de 26 imputados que pidieron a las juezas que declararan la extinción de la acción penal del proceso por corrupción administrativa que afectó a varias entidades del Estado.
La jueza Giselle Méndez resaltó que el proceso transcurrió sin dilación.
ADQUIRIERON BIENES CON EL DINERO SUSTRAÍDO
El tribunal determinó que con el dinero sustraído de las nóminas los miembros del entramado adquirieron bienes.
Las decisiones fueron adoptadas luego de un extenso proceso judicial en el que el Ministerio Público presentó cientos de pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar la acusación contra los implicados.
LECTURA DE SENTENCIA DURÓ MÁS DE ONCE HORAS
El fallo comenzó a ser emitido a las 2:22 de la madrugada de este martes, tras una audiencia cuya lectura de sentencia se inició a las 3:00 de la tarde del día anterior y duró más de once horas.
Según establecieron las juezas, los hechos delictivos fueron cometidos durante la gestión de Cáceres Silvestre al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y de Torres Robiou en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), desde donde se habrían ejecutado maniobras para desviar recursos públicos y beneficiar de manera ilícita a los integrantes de la estructura.
Asimismo, el tribunal impuso condenas a otros acusados vinculados a la red de corrupción desmantelada mediante la denominada Operación Coral, considerada por las autoridades como uno de los mayores casos de presunto desfalco al patrimonio estatal en la historia reciente del país.
Con esta decisión, la justicia dominicana emite una de las sentencias más severas contra altos oficiales procesados por corrupción administrativa, marcando un precedente en la persecución de delitos cometidos desde el ejercicio de funciones públicas.
CASO CORAL
La investigación de este caso se inició tras la denominada Operación Coral, ejecutada en abril de 2021, y posteriormente se amplió con las operaciones Coral 5G y otros procesos relacionados.
Según la acusación, la estructura era encabezada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien se desempeñó como jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.
De acuerdo con el Ministerio Público, la red utilizaba instituciones como el CUSEP y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) para obtener recursos públicos mediante nóminas irregulares, apropiación de fondos destinados a la alimentación y manutención del personal, pagos indebidos y otras maniobras fraudulentas.
Las autoridades sostuvieron que el entramado acumuló un patrimonio millonario que no podía justificarse con los ingresos legales de los acusados, por lo que se formularon cargos por asociación de malhechores, desfalco, prevaricación, enriquecimiento ilícito, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos, entre otros delitos.
UNO DE LOS CASOS MAS EMBLEMÁTICOS
El proceso judicial se convirtió en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país debido a la jerarquía de los implicados y al volumen de recursos presuntamente sustraídos al Estado dominicano.
En junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió sentencia condenatoria contra varios de los principales acusados, imponiendo penas de hasta 20 años de prisión y ordenando indemnizaciones millonarias en favor del Estado.
DANILO NUNCA FUE LLAMADO A DECLARAR
En relación con este caso el expresidente Medina nunca fue llamado a declarar.
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