La Corte Suprema de Brasil definió este miércoles las reglas que tienen que seguir las redes sociales para cumplir la decisión que las hizo corresponsables por contenidos ilícitos publicados por terceros y determinó que las plataformas mantengan un representante legal en el país para garantizar el cumplimiento de fallos judiciales.
Las normas reglamentan el fallo aprobado por el Supremo Tribunal Federal (STF) en junio de 2025, cuando la mayoría de los magistrados concluyó que plataformas como Facebook, Instagram y X pueden ser responsabilizadas civil y penalmente por daños causados por publicaciones ilegales de usuarios.
La sentencia del año pasado determina que las empresas tecnológicas tienen el deber de actuar cuando sean notificadas sobre contenidos ilícitos, y retirarlos sin necesidad de esperar una determinación judicial.
Nuevas obligaciones para las plataformas
Al concluir el análisis de nueve recursos contra ese fallo presentados por las empresas tecnológicas, el tribunal decidió que los proveedores con actuación en Brasil tienen que contar con sede y representante en el país con poderes para responder ante autoridades administrativas y judiciales.
Según la corte, la presencia en Brasil garantiza que esos representantes suministren información sobre sus servicios que les sea requerida, cumplan las decisiones judiciales y asuman eventuales sanciones y multas.
- La corte también fijó un plazo de 60 días para que las plataformas adapten sus sistemas a las nuevas obligaciones relacionadas, así como medidas preventivas para reducir la circulación masiva de contenidos ilícitos graves.
Entre los contenidos que deberán ser retirados de forma inmediata figuran mensajes antidemocráticos, de apología al terrorismo, de inducción al suicidio o a la automutilación, racismo, delitos contra las mujeres, pornografía infantil y otros crímenes graves contra niños y adolescentes.
Responsabilidad de las plataformas
No obstante, los magistrados aclararon que la responsabilidad de las plataformas dependerá de la existencia de una «falla sistémica» en sus mecanismos de prevención o remoción y no de la mera presencia aislada de una publicación ilegal.
Una de las principales novedades incorporadas por el tribunal fue una salvaguarda propuesta por el presidente del Supremo, magistrado Edson Fachin, según la cual las empresas podrán evitar sanciones si demuestran que existía una «duda razonable» sobre la ilegalidad del contenido.
La reglamentación también prevé la responsabilidad solidaria de las plataformas en determinados casos por daños causados por contenidos ilícitos de terceros, especialmente cuando no actúen ante cuentas falsas denunciadas o frente a mecanismos artificiales de difusión masiva de contenidos ilegales.
Además, las empresas deberán implantar sistemas de autorregulación, ofrecer canales de atención para usuarios y no usuarios y publicar informes periódicos de transparencia sobre denuncias extrajudiciales, publicidad e impulsión de contenidos.
En su sesión de este miércoles el Supremo declaró concluido de forma definitiva el proceso, por lo que ya no caben nuevos recursos contra su decisión.
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