SANTO DOMINGO.- El coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco “Pancho” Álvarez, afirmó que si el ordenamiento jurídico dominicano lo permitiera, a los imputados Maribel y Antonio Espaillat, por la tragedia del Jet Set, se les debería aplicar cadena perpetua.
Aclaró que otros sectores pedirían pena de muerte, pero esa sanción no está contemplada en la legislación nacional.
Álvarez calificó la tragedia como “penosa y dolorosa” y dijo comprender la indignación de las víctimas y sus familiares ante el hecho de que, con 236 muertos y cerca de 200 heridos, la pena máxima que contempla la ley actual sea de solo dos años de prisión.
Sin embargo, el abogado precisó que en este caso no se configura la figura del dolo eventual. “He acompañado a víctimas a reunirse con la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso. A ellos les he dicho que no les voy a decir lo que quieren escuchar: aquí lo que hay es homicidio involuntario, tal como acusó el Ministerio Público, porque la norma no permite tipificarlo de otra forma. A pesar de que se nos desgarra el alma, esa es la realidad técnica”, insistió.
Explicó que el nuevo Código Penal, que entra en vigencia en agosto, incluye un artículo inspirado directamente en la tragedia del Jet Set. La norma establece penas progresivas para homicidios involuntarios múltiples: aumenta la sanción según la cantidad de víctimas.
“Ese artículo está calcado con el nombre del Jet Set. Se redactó a partir de esa experiencia, porque el legislador entendió que el derecho llegaba hasta ahí y había que ampliarlo para que no se repita. Yo puedo pensar que un caso así merece cadena perpetua, pero no la tenemos en República Dominicana. Estoy seguro de que algunos pedirían pena de muerte, pero no podemos aplicar lo que no existe. Aun así, lo merecería”, recalcó Álvarez en el programa D´AGENDA, que se transmite los domingos por Telesistema, canal 11, y TV Quisqueya para Estados Unidos, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.
JUICIO DE FONDO PARA GONZALO Y PERALTA
Descartó que en el país se practique el “lawfare”, término que alude al uso político del sistema judicial mediante acusaciones falsas o abuso de procesos legales para desprestigiar o inhabilitar adversarios.
“Si un funcionario administró mal el dinero público y distrajo fondos, ahí no se puede hablar de lawfare”, sostuvo Álvarez al ser cuestionado por las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, quien rechazó cualquier manipulación judicial con fines políticos.
El jurista defendió el derecho de la diplomática a opinar. “Creo en la democracia global. Para mí eso no es un atentado a la soberanía, es parte de la democracia. La democracia ya no se circunscribe solo a República Dominicana, es un valor universal”, dijo.
Recordó que el avance democrático en la región contó con el apoyo de Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso, el Cuerpo de Paz y USAID. “El principal financiador de Participación Ciudadana ha sido USAID. También hemos recibido cooperación de Inglaterra, Alemania y Canadá para procesos electorales y lucha contra la corrupción. Cada país decide cómo colabora”, indicó.
Criticó la decisión del presidente Donald Trump de instruir a fiscales estadounidenses para no perseguir a empresarios de EE.UU. que cometan actos de corrupción en el exterior. “Prefiero que la gran nación del norte colabore para mejorar los procesos de compras y contrataciones en países con deficiencias”, expresó.
Sobre el caso Calamar, el coordinador de PC aseguró que Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta deben ser los más interesados en que su vinculación se debata en un juicio de fondo, donde puedan demostrar su inocencia con pruebas.
“Para enviar a juicio de fondo basta con probabilidad de condena, no certeza. En el caso de Gonzalo Castillo hay un testigo, Mimilo Jiménez, que declaró haber entregado miles de millones de pesos. Eso por sí solo bastaba para enviarlo a juicio. La jueza Altagracia Ramírez rechazó la impugnación de Jiménez, José Ureña, Fernando Crisóstomo y Francisco Pagán, y admitió sus testimonios como prueba para juicio de fondo. No dijo que Castillo es culpable, solo que vale la pena que esas pruebas se valoren”, explicó.
Reiteró que PC aboga por que los casos de corrupción con pruebas relevantes superen la audiencia preliminar y lleguen a juicio de fondo. “Cuando hay un no ha lugar sin escuchar testigos, siempre quedará la duda. Si ellos logran absolución en juicio de fondo, podrán decir en cualquier lugar que están libres de pecado”.
TRAS ABINADER SALDRAN MAS CASOS CORRUPCION
Álvarez reconoció que en la gestión de Luis Abinader se han procesado casos como Senasa, el Oncológico de Santiago y el Intrant. No obstante, vaticinó que cuando el mandatario deje el poder aparecerán más expedientes.
“Es difícil procesar a quienes están en el poder. Con Danilo Medina no se destapó ningún caso hasta que salió de la Presidencia. Eso mismo puede pasar ahora: cuando se acerca el final, algunos funcionarios piensan ‘es ahora o nunca’ y tratan de asegurar el resto de su vida robando al Estado”, advirtió.
Sobre la sentencia del caso Coral, donde 29 personas, incluidos generales de la seguridad de Danilo Medina, fueron condenadas hasta 20 años, dijo que sienta un precedente y envía un mensaje claro a quienes manejan recursos públicos.
Respecto al caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez, señaló que ya es hora de que los tribunales conozcan el fondo de la acusación, y que todos los que firmaron delación premiada con el Ministerio Público deberán testificar a cargo de la acusación.
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