SANTO DOMINGO.- El Gobierno promueve iniciativas que amenazan la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a denunciar irregularidades, alertó este lunes el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La organización opositora advirtió en un documento público que dichas medidas dan “señales preocupantes de retroceso democrático” y podrían generar temor, autocensura e incertidumbre incompatibles con la Constitución.
El documento cuestiona disposiciones del nuevo Código Penal, la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales.
Asimismo, critica los artículos del nuevo Código Penal sobre difamación, injuria y “ultraje a funcionarios”. «Esas figuras podrían usarse para desalentar el periodismo de investigación, limitar denuncias de interés público y restringir críticas a funcionarios», señala.
Sobre la Ley 1-26, indica que varias disposiciones afectan garantías constitucionales vinculadas a la libertad de expresión y a la protección de fuentes periodísticas.
Ante la entrada en vigencia del nuevo Código Penal el 3 de agosto, el PLD propone debatir la ley de medios en el CES y pide que cualquier reintroducción del proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales se discuta antes en el Consejo Económico y Social con periodistas, medios, académicos, juristas y sociedad civil.
Sugiere también someter una iniciativa para ajustar difamación, injuria y “ultraje a funcionarios” a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, eliminando la prisión por expresiones amparadas por la libertad de expresión.
Además, propone modificar la Ley 1-26, precisar las definiciones de “intereses nacionales” y “objetivos nacionales”, fortalecer la supervisión institucional y ampliar garantías para fuentes periodísticas, secreto profesional y derechos fundamentales.
El PLD llamó a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante ante iniciativas que, a su juicio, buscan restringir la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a fiscalizar el poder público.
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