Mediante un comunicado, su presidente, Miguel Vargas Maldonado, calificó la situación como un problema de interés nacional y exhortó al Gobierno a actuar con rapidez para mitigar sus efectos.
Planteó cuatro medidas prioritarias para enfrentar el impacto del nuevo gravamen.
La primera consiste en una ofensiva diplomática y comercial en Washington, con el envío, en un plazo de 72 horas, de una comisión de alto nivel integrada por representantes del Gobierno y del sector productivo.
Además, propuso activar los mecanismos de consulta y solución de controversias contemplados en el tratado DR-CAFTA.
Como segunda medida, sugirió la puesta en marcha de un Plan Nacional de Verificación Laboral, que incluya auditorías independientes en los sectores señalados, el fortalecimiento de las inspecciones laborales y la implementación de mecanismos de trazabilidad para demostrar el cumplimiento de las normas internacionales.
MEDIDAS DE APOYO A SECTORES AFECTADOS
En tercer lugar, pidió establecer medidas temporales de apoyo a los sectores afectados y convocar una mesa permanente de diálogo entre autoridades, empresarios y trabajadores para proteger el empleo y la producción nacional.
Finalmente, planteó acelerar la diversificación de los mercados de exportación con el objetivo de reducir la dependencia comercial de Estados Unidos y ampliar la presencia de los productos dominicanos en Europa, América Latina y Asia.
El PRD condenó cualquier forma de trabajo forzoso, pero sostuvo que el Gobierno debió anticiparse a una situación que compromete uno de los principales mercados de exportación del país.
Asimismo, reiteró que está dispuesto a poner su experiencia y relaciones internacionales al servicio de una solución nacional, al considerar que la defensa de los empleos, la producción y los intereses de la República Dominicana debe estar por encima de las diferencias políticas.
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