SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público anunció este viernes que apelará la decisión que ordena el pago de 7.5 millones de pesos a uno de los imputados en el caso de presunta corrupción vinculado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), al considerar que el fallo presenta «graves vicios procesales».
En un comunicado, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que recurrirá la decisión emitida por la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia.
Según la Pepca, la magistrada emitió el fallo pese a que ese tribunal había sido desapoderado del expediente desde el 24 de octubre de 2025, cuando el proceso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que posteriormente dictó auto de apertura a juicio.
El fiscal Jonathan Pérez informó que el Ministerio Público recibió la notificación el jueves y dispone de 20 días para presentar el recurso de apelación.
La resolución ordena el pago de 7.5 millones de pesos por concepto de liquidación de una astreinte relacionada con la devolución de bienes ocupados durante la investigación.
De acuerdo con la Pepca, Álvarez Carbuccia ya recibió esos bienes y mantiene únicamente el reclamo de un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor comercial ronda los 3,000 pesos.
El órgano acusador también sostiene que la jueza hizo una interpretación incorrecta de la figura de la astreinte al fijar un monto que, a su juicio, equivale a una indemnización.
ACUSADOS ENVIADOS A JUICIO
Álvarez Carbuccia figura entre los acusados junto al exdirector del Intrant Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros procesados por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos relacionados con la red semafórica y el sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo.
El grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio por presuntos delitos de corrupción, lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y estafa en perjuicio del Estado, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público.
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