Este jueves 30 vence el plazo para que el Ministerio Público presente la acusación u otros requerimientos conclusivos en contra del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público, deberán depositar el acto conclusivo ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, para que apodere a un tribunal que conozca el juicio preliminar en contra de los encartados, de acuerdo con el referido artículo.
De no hacerlo, el artículo 151, del Código Procesal Penal, establece que el juez de control de las investigaciones intima a la procurada general de la República, Yeni Berenice Reynoso, superior jerarquía inmediata de los fiscales investigadores y a los abogados que representan al Estado, para que presenten su requerimiento en un plazo común de quince días.
Si transcurrido ese plazo ninguno de ellos presenta un requerimiento, el juez debe declarar extinguida la acción penal sin dilación alguna.
El artículo 151 funciona como un mecanismo de control para evitar que las investigaciones se extiendan indefinidamente sin que el Ministerio Público tome una decisión.
Además, el artículo establece que el vencimiento de estos plazos genera responsabilidad civil y personal por mal desempeño del fiscal a cargo del caso, y que la resolución mediante la cual se intima al ministerio público debe ser comunicada, de forma simultánea, al Procurador General de la República.
En este caso, el responsable de otorgar o no un nuevo plazo adicional es el juez de control de las investigaciones, Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien ese mismo día tiene pautada la revisión obligatoria de la medida de coerción de los imputados que cumplen prisión preventiva en la cárcel de Las Parras.
En caso, de que el ministerio público deposite antes de jueves la acusación formal solicitando solicitud de apertura a juicio de fondo en contra de los encartados, el juez se desapodera del expediente remitiéndolo a la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción, para que apodere un tribunal que conozca el juicio preliminar.
Los imputados
En el caso figuran como acusados además de Santiago Hazim , Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, entre otros exfuncionarios y suplidores de la ARS estatal.
Igualmente, figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes ya habían admitido ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios del SeNaSa, colaboración que les permitió recibir arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.
Al grupo se le acusa de estafar al Estado dominicano con más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones. El Ministerio Público sostiene que el entramado operó entre 2020 y 2025, defraudando al sistema público de riesgos de salud.
Los cargos
A los imputados se les atribuyen los cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
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