SANTO DOMINGO.– El secretario de Urbanismo y Vivienda de la Fuerza del Pueblo, Pedro Pablo Díaz, cuestionó la implementación de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que su esquema de cobro podría generar cargas desproporcionadas para pequeños negocios y organizaciones comunitarias.
En una declaración escrita, Díaz reconoció la gravedad de la crisis de los residuos en el país, que produce cerca de 14 mil toneladas de desechos diariamente, y afirmó que la situación demanda soluciones urgentes y sostenibles.
El dirigente opositor señaló que, en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, el vertedero de Duquesa ha alcanzado el límite de su vida útil, mientras cientos de vertederos improvisados continúan operando a cielo abierto en distintas comunidades.
“Nadie de buena fe puede negar que esto hay que resolverlo, y resolverlo ya”, expresó, al tiempo que rechazó que la oposición sea presentada como defensora del desorden. “Defendemos que el orden se haga bien”, añadió.
SEÑALA RIESGOS DE UN “IMPUESTO REGRESIVO”
Díaz sostuvo que la normativa establece contribuciones calculadas en función de los ingresos de empresas e instituciones, en lugar de medir el volumen real de residuos generados.
A su juicio, este mecanismo podría afectar en mayor medida a pequeños comercios, microempresas y fundaciones, mientras que las entidades de mayor capacidad económica tendrían menos dificultades para asumir los costos.
“El problema de la basura es demasiado serio para convertirlo en un negocio de pocos o en una bandera de partido”, manifestó.
Finalmente, calificó el modelo de contribución como “un impuesto regresivo disfrazado de causa noble” y llamó a revisar la legislación para garantizar una distribución más equitativa de las cargas derivadas de la gestión de residuos sólidos.
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