Santo Domingo, República Dominicana. – Los bloqueos arbitrarios de cuentas bancarias continúan generando preocupación entre usuarios del sistema financiero, a pesar de reiteradas advertencias de las autoridades y pronunciamientos del Tribunal Constitucional que califican esta práctica como una violación al derecho de propiedad.
Rebeca González (nombre ficticio) vivió esta situación recientemente cuando intentó realizar un pago urgente a través de la aplicación de su banco y se encontró con que su cuenta aparecía como inactiva. Sin previo aviso, no podía enviar ni recibir dinero, lo que le generó angustia e incertidumbre sobre el acceso a sus propios ahorros.
Tras comunicarse con la entidad financiera, fue informada de que debía acudir de manera presencial a una sucursal. Luego de una larga espera, se le explicó que su cuenta había sido bloqueada debido a un reclamo por una supuesta transferencia realizada por error por parte de un tercero.
Este caso se suma a otros similares en los que entidades financieras optan por inmovilizar productos de sus clientes sin contar con una orden judicial o del Ministerio Público, lo cual contraviene lo establecido por la Superintendencia de Bancos (SB), la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Sentencia 0952-25 del Tribunal Constitucional.
La Superintendencia de Bancos ha reiterado que las entidades de intermediación financiera no están facultadas para congelar cuentas por iniciativa propia. Según el organismo regulador, estas acciones solo son legales cuando existe una orden expresa de un tribunal competente o del Ministerio Público.
Otro mecanismo que limita el acceso a los fondos es el embargo retentivo, utilizado por acreedores para garantizar el pago de deudas. Sin embargo, esta figura también ha sido señalada como objeto de abusos, al aplicarse en ocasiones sin controles judiciales adecuados, afectando principalmente a usuarios con pocos recursos para enfrentar procesos legales prolongados.
Aunque la normativa permite bloqueos temporales en casos de sospecha de fraude, las leyes vigentes establecen que los bancos deben limitarse a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, la cual es la responsable de canalizar cualquier solicitud de inmovilización ante las autoridades correspondientes.
Mientras tanto, los bloqueos injustificados continúan impactando la confianza de los usuarios y generando un clima de inseguridad jurídica dentro del sistema financiero nacional.
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