El 8 de abril de 2025 quedará marcado en la historia como el día en el que una tragedia marcó a cientos de personas en República Dominicana, sin importar su procedencia familiar, patrimonio económico o dedicación profesional.
Empresarios, comunicadores, artistas y expeloteros fueron algunas de las personalidades que se encontraban dentro de la discoteca Jet Set a las 12:44 de la madrugada, momento exacto en el cual ocurrió el desplome.
Precisamente, la historia del diputado Carlos Gil es una muestra de esto, luego de que sobreviviera junto a su esposa al colapso de la infraestructura, pero lamentando la muerte de Julio César Valera, un colaborador que le acompañaba esa noche y no pudo salir de la penosa lista que concluyó con 236 fallecidos.
Un año después, el legislador todavía agradece a Dios por haber permitido su salida de la discoteca en el momento preciso para mantenerlo con vida. Sin embargo, lamenta que 365 días después los propietarios del Jet Set, Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, aún no hayan recibido una “ejemplar condena”.
“Esos niños huérfanos que hoy quedan desprotegidos (porque) el Estado no ha sido capaz de en un año dar una ejemplar condena contra estas personas que fueron indolentes”, expresó Gil durante la sesión ordinaria de la cámara baja realizada el pasado martes.
Gil entiende que la caída del reconocido centro de diversión fue causada por la “negligencia de los propietarios que hoy en día se pasean por la justicia burlándose de cada una de las víctimas”.
“A pesar de que sabían que ese techo estaba muy deteriorado, a pesar de que cada vez que había una fiesta caía agua, arena… ya eso estaba dando un aviso y a pesar de eso permanecía esa discoteca abierta”, deploró el representante de la provincia Santo Domingo.
Casi tres meses después de registrada la tragedia, el legislador reapareció en los pasillos del Congreso Nacional utilizando muletas para poder caminar, ya que aún permanecía adolorido por las heridas que le causaron los escombros de la edificación.
Foto realizada el pasado 17 de junio, momentos de reingreso a sus labores del diputado Carlos Gil.Fuente externa
“Lamentablemente, perdí un colaborador que hoy tiene sus hijos que están huérfanos, desprotegidos y el Estado no ha sido capaz de responder en un año que lleva (de juicio)”, manifestó.
Gil utilizó su curul en el hemiciclo del órgano legislativo para advertir sobre la responsabilidad que tiene el Estado de acompañar y asistir a los parientes afectados.
«Como Estado, tenemos que darle respuesta a cada una de esas familias. No vamos a recuperar la vida de las personas que murieron, pero sí indemnizar dignamente a esas familias que perdieron a su ser querido”, terminó diciendo frente a los demás diputados presentes en la sesión.
¿Cuál es el estado del caso?
El pasado lunes, el Ministerio Público terminó de presentar la querella ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde acusó a Antonio Espaillat y Maribel de comportarse con “negligencia, inadvertencia, imprudencia e inobservancia de los reglamentos al realizar modificaciones estructurales a la edificación sin solicitar a las autoridades las licencias”.
El juez Raymundo Mejía convocó el próximo 20 de abril a las partes involucradas para comparecer en la Fiscalía del Distrito Nacional, continuando así la fase preliminar del juicio.
Tras argumentar otros motivos, el órgano persecutor entiende que los hermanos deben ser condenados por homicidio, heridas y golpes causados de manera involuntaria, delitos tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
El artículo 319 establece que quien por “torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de tres meses a dos años”, así como una multa económica.
En tanto, el artículo 320 dispone que, si la imprudencia o la falta de precaución han causado solo golpes o heridas, la prisión será de seis días a dos meses, aunado a una sanción monetaria.
Pero, el conjunto de leyes penales que aplica actualmente el Poder Judicial dominicano no contempla el cúmulo de penas; esto significa que los imputados solo pueden ser sentenciados por un delito y recibir una condena.
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