SANTO DOMINGO. — El Frente Cívico y Social, a través de su coordinador el doctor Isaías Ramos, advirtió que la República Dominicana no enfrenta únicamente un debate salarial, sino una crisis más profunda de arraigo, identidad, soberanía laboral y cumplimiento del orden constitucional.
Ramos sostuvo que durante las últimas tres décadas se ha consolidado un modelo de bajos salarios, débil fiscalización laboral y desorden en la gestión migratoria-laboral, situación que —según afirmó— contradice el mandato del Estado Social y Democrático de Derecho establecido en la Constitución de 2010, y que en la actualidad se ha agravado.
El dirigente citó el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD, el cual indica que un 39.5% de los dominicanos contempla emigrar para vivir o trabajar en otro país, cifra superior al promedio regional de 31.7% en América Latina y el Caribe.
“Dicho claro: 395 de cada 1,000 personas contemplan irse, no porque no amen esta patria, sino porque trabajan, luchan, pagan impuestos y deudas, y aun así sienten que no avanzan”, expresó.
Ramos también señaló que, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el salario promedio formal es de RD$34,621, mientras que la canasta básica familiar nacional supera los RD$49,000, lo que —a su juicio— evidencia una brecha estructural.
“Están convirtiendo la pobreza salarial en ventaja competitiva. Eso no es desarrollo; es una contradicción frontal con el mandato constitucional”, afirmó.
El representante del Frente Cívico y Social propuso cuatro medidas urgentes: garantizar salarios dignos; aplicar la indexación del mínimo exento del impuesto sobre la renta; condicionar las exenciones fiscales al cumplimiento de salarios adecuados; y hacer cumplir la normativa laboral 80/20, que establece que al menos el 80% de la mano de obra debe ser dominicana, con las excepciones previstas por la ley.
Asimismo, pidió una auditoría nacional sobre la situación migratoria y laboral en sectores productivos, citando informaciones divulgadas por Almomento y datos de la Encuesta Sectorial de Construcción 2025 del Instituto Nacional de Migración, que señalan que la mano de obra haitiana podría representar el 68.3% del sector construcción.
“El problema no es el inmigrante vulnerable que busca trabajo. La responsabilidad recae en los gobiernos que han permitido el desorden”, afirmó Ramos, al señalar que corresponde a las autoridades hacer cumplir la Constitución, el Código de Trabajo, el sistema tributario y el orden migratorio.
Finalmente, concluyó que la defensa del país pasa por el cumplimiento institucional y la garantía de condiciones laborales dignas.
“Ya basta. Llegó la hora de activar, de verdad, el Estado Social y Democrático de Derecho: de pie junto al pueblo trabajador”, concluyó.
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