“La trata de personas arruina los proyectos de vida de miles de personas alrededor del mundo que salen de sus países con una maleta cargada de sueños que son frustrados por las organizaciones criminales”, expresa a periodistas de Listín Diario la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, quien desde 2021 encabeza la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT).
Se trata de un delito de connotación grave que afecta a mujeres, hombres y niños de todas las edades, clases sociales e, incluso, nacionalidades, en República Dominicana.
Entre 2021 y mediados de 2025 la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) 366 denuncias, de las cuales solo se han investigado 40.
Solo el 11% de las denuncias realizadas por las vías de contacto han sido investigadas en un periodo de casi cinco años.
Asimismo, en 2021, ninguna de las 16 denuncias registradas fue investigada. Según el órgano persecutor, “muchos de los contactos correspondían a otras dependencias, instancias administrativas o judiciales y fueron derivadas a los fines de que fueran atendidos por el área competente”.
De lo contrario, en el momento en que un funcionario identifica una posible víctima a raíz de una investigación, se activa todo un mecanismo de siete pasos.
¿Cómo es el proceso de acompañamiento a víctimas?
Con los lineamientos del Protocolo de Palermo como referente, las etapas del proceso han sido adaptadas a la realidad institucional del país y están basadas en la protección, orientación y apoyo mientras fuere necesario, ya que el riesgo es dinámico. Las fases están estipuladas de la siguiente forma:
1- Verificar su condición física y ver si tiene alguna necesidad médica y suplirla.
2- Crear un ambiente de confianza entre la víctima y el entrevistador, para garantizar su comodidad.
3- Evaluación de riesgos a partir de la entrevista.
4- Hacer de su conocimiento que tiene la opción de ingresar a casa de acogida para garantizar su integridad.
5- Ofrecerle representación legal para el proceso que puede generar la denuncia.
6- Informarles cuáles son sus derechos y que el rol del Ministerio Público es garantizar que le sean respetados.
7- En caso de ser extranjera, se le notificará a su consulado (siempre y cuando la víctima así lo quiera). En estos casos, organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Dirección General de Migración (DGM) coordinan el retorno voluntario asistido o la permanencia legal en República Dominicana, según apliquen las circunstancias.
Acompañamiento personalizado
Una vez rescatadas las víctimas, el apoyo que reciben combina asistencia inmediata en las primeras 72 horas, con el objetivo de garantizar seguridad, salud y estabilidad inicial. Durante esta etapa se les realiza una revisión general y se incluye el tratamiento de lesiones, enfermedades o abuso sexual, así como también el traslado a refugios seguros o albergues temporales.
En estas casas de acogida no tan solo se suplen sus necesidades básicas (como alimentación, ropa y artículos de higiene), sino que también reciben asistencia psicológica y manejo de crisis. Además, se les hace de conocimiento que cuentan con asistencia legal, la cual debe orientarlas sobre derechos y velar por su protección migratoria en caso de ser una víctima extranjera.
“A mediano plazo estas víctimas podrán ver la continuidad de manejo inicial conforme a la necesidad particular, además de educación y capacitación con mira a la reintegración escolar o programas de formación técnica”, comenta Bejarán, quien menciona también la firma de convenios con instituciones como el Ministerio de Trabajo junto a entidades bancarias y de otros sectores para garantizar la inserción laboral de estas víctimas.
Mientras que el enfoque a largo plazo está centrado en prevenir la revictimización y asegurar su autonomía económica. Esto podría conllevar inclusive el traslado hasta otra ubicación o país y el trabajo con familiares y red de apoyo.
En el caso particular de los menores de edad, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) lidera todo el proceso, asegurando escolarización y entorno protector.
Reinserción social
Con el apoyo de ONGs y organismos internacionales como la OIM o el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Estado también impulsa programas enfocados en la seguridad, recuperación emocional y autonomía financiera de las víctimas. Estos incluyen reubicación y mediación comunitaria, terapia para superar el trauma, capacitación técnica e inserción laboral.
Algunos ejemplos señalados por la magistrada son el Programa de Retorno Voluntario Asistido, implementado por la OIM, el cual facilita el regreso seguro de víctimas extranjeras a su país con asistencia económica inicial y seguimiento.
También se incluyen los Centros de Acogida del Conani, que ofrecen protección, escolarización y apoyo psicológico a menores rescatados de explotación; además, capacitaciones del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), entre ellas cursos técnicos en áreas como hostelería, belleza y costura, para facilitar la inserción laboral de las víctimas.
¿Cómo denunciar?
Los ciudadanos pueden denunciar el delito de trata de personas dirigiéndose directamente a las oficinas de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Otras opciones de denuncia incluyen llamar a la línea de emergencia 1 809-200-7393, o marcando la línea Llama y Vive, al 809-480-9192. También por correo electrónico denucialatratamp@pgr.gov.do, por línea vida y a través del portal de denuncia del núcleo de Atención a Víctimas. Además, comunicándose con alguna organización no gubernamental que trabaje el tema.
Responsabilidad de todos
“El delito de trata de personas lacera de manera directa la dignidad humana y todos podemos ayudar a combatirlo, porque denunciar y hacer visible cualquiera de las modalidades de la trata es un deber que todos los ciudadanos tenemos”, enfatiza Bejarán.
“Nadie merece ser explotado, engañado o forzado a trabajar o prostituirse”.
“Como sociedad, todos tenemos un papel: denunciar situaciones sospechosas, proteger a los menores y apoyar a las víctimas. Debemos informarnos sobre los riesgos de ofertas de empleo falsas, promesas de viajes o matrimonios arreglados y no debemos dudar en preguntar, verificar y alertar”, finaliza.
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