Una senadora indígena estuvo secuestrada por unas horas este martes en una zona guerrillera de Colombia y el presidente Gustavo Petro denunció un plan para asesinarlo, en un nuevo repunte de la violencia política en plena época electoral.
La senadora Aida Quilcué, de 53 años, fue raptada junto a sus dos escoltas en el departamento del Cauca, una región conflictiva y cocalera controlada por las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.
«La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora (…) y sus escoltas. Todos están bien», indicó en X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, unas tres horas después del rapto ocurrido a las 13H00 locales.
El jefe de la cartera publicó una fotografía de la legisladora, sin dar detalles de si fue rescatada o liberada por sus captores. La camioneta en la que viajaban fue encontrada abandonada en una carretera, lo que alertó a las autoridades sobre el secuestro.
«La presión del pueblo indígena y de la fuerza pública, logró la liberación de la senadora Aida y sus acompañantes», indicó Petro en X.
A pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales que se celebrarán el 8 de marzo y 31 de mayo, respectivamente, se acumulan las amenazas contra dirigentes, candidatos y líderes sociales.
Más temprano, el presidente aseguró que escapó de un intento de asesinato, cuando volaba en un helicóptero, que le impidió aterrizar en el departamento caribeño de Córdoba en la noche del lunes.
«Cogimos mar abierto (durante) cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar», «escapándome de que me maten», dijo el mandatario en un consejo de ministros televisado.
El izquierdista sostiene desde hace meses que hay un plan del narco para asesinarlo.
Presionado por Washington y a seis meses de dejar el poder, Petro aumentó la presión contra carteles y guerrilleros como Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia y jefe máximo de la disidencia más poderosa de las FARC.
– «Un grito de guerra» –
El pueblo indígena nasa, al que pertenece Quilcué, está fuertemente amenazado por los grupos ilegales.
La política del Pacto Histórico, movimiento oficialista, ya había denunciado un atentado en su contra cuando postulaba como senadora en 2022.
Ataviada habitualmente con pañuelos y diademas rojas y verdes, colores distintivos del pueblo nasa, Quilcué es una importante líder social. Defiende los derechos de los pueblos indígenas, la autonomía territorial y el legado cultural.
«Donde no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país», había dicho Petro. «Ojalá se resuelva rápido», «porque si no, han cruzado una línea roja», añadió.
En medio de una nueva política de guerra frontal contra los grupos armados, el mayor cartel del país, conocido como el Clan del Golfo, suspendió en los últimos días los diálogos de paz que sostenía con el gobierno.
El pacto de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC alivió por unos años la violencia política, pero estas elecciones pueden ser unas de las más violentas desde entonces.
– El fantasma del magnicidio –
Cientos de municipios en Colombia corren peligro de violencia electoral y presiones de grupos armados para influir en las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026, advierten organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE).
La semana pasada atentaron contra la caravana de vehículos de un senador en Arauca, región fronteriza con Venezuela. El político no viajaba en la camioneta, pero mataron a dos de sus guardaespaldas.
El magnicidio del candidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe, que murió en agosto víctima de un atentado a tiros, revivió los fantasmas de la violencia del narco contra políticos en las décadas de los 80 y 90.
Durante el gobierno de Petro ha habido al menos cuatro agresiones contra senadores, incluido el de Miguel Uribe.
Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, denunció en 2024 otro supuesto intento de asesinato en su contra que le impidió asistir a un desfile militar el 20 de julio de ese año.
Colombia es uno de los países más mortíferos contra defensores de DDHH y ambientales y líderes sociales. También tiene una larga lista de dirigentes de izquierda asesinados, incluidos candidatos presidenciales, por alianzas entre narcotraficantes, grupos paramilitares y agentes del Estado.
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