En el mundo, la mayoría de los caminos conducen a la reducción de los pagos en efectivo, pero en República Dominicana el conflicto de las estaciones de combustibles con las empresas de los verifones podría tomar la dirección contraria.
Se trata de la queja que tiene la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) contra las empresas financieras que comisionan por el cobro con tarjetas de crédito y débito. De un margen bruto de 25 pesos por cada galón vendido, las estaciones destinan en promedio 6.75 al pago de comisiones por transacciones, equivalente a una tasa cercana al 2.5% del valor de la venta.
Eso representa el 27 % de la ganancia bruta que recibe el detallista por cada galón comercializado, señala Juan Elías Pérez, presidente de Anadegas, quien ha solicitado el retiro de los verifones de las despachadoras y la intervención de las autoridades gubernamentales y financieras.
En ese sentido, la vicepresidenta Raquel Peña indicó este jueves que las partes están avanzando en un acuerdo para resolver el impasse. «Ellos van a tener un acuerdo, realmente. Hablando se entiende la gente, como decimos en buen dominicano», dijo durante el American Investment Forum.
El dilema entre Anadegas, que reúne a 780 estaciones de combustibles, y las administradoras de las tarjetas no es ajeno a República Dominicana. En México, Argentina y Estados Unidos han ocurrido situaciones parecidas y los gobernantes han tenido que intervenir.
El caso más reciente ocurrió en mayo de este año en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con la asociación de bancos para reducir entre 0.45 % y 1 % la comisión en los pagos de gasolina realizados con tarjetas de crédito o débito, a fin de reducir los costos y beneficiar así la economía de los mexicanos.
En Estados Unidos, según un artículo de The Guardian, el Departamento de Justicia (DOJ) demandó en 2024 a Visa por presuntas prácticas anticompetitivas, al acusarla de mantener un monopolio ilegal en el mercado del procesamiento de pagos con tarjetas de débito.
Según la acción judicial, la empresa controla más del 60 % de estas transacciones en el país y obtiene alrededor de 7,000 millones de dólares anuales en comisiones.
Casos parecidos
Según las autoridades, Visa utilizó contratos, incentivos financieros y penalidades para impedir que bancos y comercios recurrieran a redes rivales con menores costos, limitando así la competencia y permitiéndole cobrar tarifas más elevadas que las que existirían en un mercado competitivo.
La demanda busca que un tribunal ordene a Visa modificar estas prácticas para restablecer la competencia en el procesamiento de pagos, tanto en establecimientos comerciales como en transacciones en línea. La compañía rechazó las acusaciones y aseguró que opera en un mercado altamente competitivo, donde enfrenta la competencia de otras redes de pago y empresas de tecnología financiera (fintech).
También en Estados Unidos, en 2019, un grupo de minoristas de gasolina, llamados los Demandantes Old Jericho, que aceptaban tarjetas Visa y Mastercard formó parte de una demanda colectiva federal por comisiones de intercambio supuestamente ilegales, resuelta ese mismo año con un acuerdo de 5,600 millones de dólares que cubrió a todos los comerciantes que aceptaron estas tarjetas en EE. UU. entre 2004 y 2019.
Sin haber quedado excluidos de ese acuerdo, estos minoristas presentaron después una nueva demanda estatal, alegando que en realidad eran los proveedores quienes pagaban las comisiones y debían ser los verdaderos beneficiarios del acuerdo.
El Tribunal de Distrito del Este de Nueva York rechazó ese argumento, al señalar que los propios minoristas eran quienes «aceptaban» las tarjetas según el acuerdo, con base en pruebas contractuales y operativas.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó esta decisión, al indicar que no era necesario identificar a un «pagador directo» para determinar la pertenencia a la clase, y que las reclamaciones ya habían sido válidamente resueltas en el acuerdo original por tratarse de los mismos hechos y estar debidamente representadas.
Cómo funcionan los pagos con tarjetas en EE. UU.
En Estados Unidos, a diferencia de otros mercados, la comisión varía según el tipo de tarjeta, la red de pago y la forma en que se procesa la transacción.
En el caso de las estaciones de combustibles, esta comisión suele oscilar entre 1.15 % y 2.40 % del monto, más una tarifa fija de entre US$0.10 y US$0.25 por operación, mientras que el costo total de procesamiento puede llegar hasta 3.5 %.
Por ejemplo, en una compra de combustible de 60 dólares, el banco emisor puede recibir cerca de 1.18, mientras que la gasolinera termina pagando entre 1.40 y 2.10 dólares en total.
Cadenas grandes como Costco, Walmart o Shell logran negociar mejores condiciones que las estaciones independientes, aunque las tasas base de interchange son las mismas para todos.
De su lado, la Unión Europea limita el interchange a 0.3 % en crédito y 0.2 % en débito, y Australia reducirá su tope a 0.3 % a partir de octubre de 2026, en EE. UU. el costo para el comercio puede superar el 2 % o el 3 %, especialmente con tarjetas premium y de recompensas.
La brecha regulatoria explica por qué las gasolineras estadounidenses insisten en que buena parte de su margen se destina a la intermediación financiera y no a la venta del combustible.
El reclamo cobra sentido si se considera que muchas estaciones ganan apenas 10 o 15 centavos por galón, una utilidad que una sola comisión de tarjeta puede absorber casi por completo en una compra promedio.
En la mayoría de países de América Latina, el cobro de las financieras a las gasolineras ronda el 1.2 a 3 %.
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