La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó medida de coerción en contra de tres personas que administran la empresa Comercial Barra Payán que operan los negocios Barra Payan y Panadería Payan, por un presunto fraude de más de 39.7 millones de pesos en perjuicio de los demás socios de la emblemática empresa.
La fiscal Luz del Carmen Marte, coordinadora del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, depositó la instancia ante el juzgado de Atención Permanente en contra de Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera.
La audiencia de medida fue recesada para las 1:00 de la tarde por la jueza Fátima Veloz, mientras que los imputados se encuentran recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, quienes fueron arrestados el pasado 5 de febrero de 2026.
Alegando que los imputados no cuentan con el arraigo suficiente para garantizar su presencia en el proceso, la Fiscalía solicita al tribunal el pago de una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica.
La investigación se basó en una auditoría interna que reveló discrepancias significativas entre las ventas reales de los establecimientos y los ingresos reportados a la sociedad comercial. Estas irregularidades habrían ocurrido principalmente entre los años 2019 y 2022.
Según la instancia de medida de coerción, los imputados aprovecharon su condición de socios y administradores de la entidad que opera los conocidos negocios Barra Payán y Panadería Payán para desviar fondos de manera sistemática.
La investigación se sustenta en una auditoría forense realizada por el perito Ramón Antonio Perelló Polanco.
El informe revela que el esquema consistía en no depositar la totalidad del dinero de las ventas en las cuentas bancarias de la empresa.
Las autoridades detectaron discrepancias significativas entre los cuadres manuales de las cajeras y los depósitos reales.
El monto total de defraudado presuntamente asciende a RD$39,784,661.18, afectando directamente a los demás socios de la empresa Juan Santiago Frías Paulino, Juan Abraham Frías Paulino, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Carlos Frías Beltrán, quienes figuran como querellantes en el proceso.
El Ministerio Público califica los hechos como una violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, el cual tipifica el abuso de confianza.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran el informe de auditoría forense con fecha de mayo de 2025, certificaciones del Registro Mercantil y actas de asambleas donde los imputados ejercían el control administrativo.
Un acta de «No Acuerdo» de junio de 2021, que demuestra que se intentó una solución alternativa antes de judicializar el caso.
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