La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) solicitó al Poder Ejecutivo presentar una propuesta legislativa ante el Congreso de la República con el fin de ampliar el periodo de vacatio legis del nuevo Código Penal de la República Dominicana (Ley núm. 74-25), cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 5 de agosto de este año.
La promulgación de esta ley, realizada originalmente el 5 de agosto de 2025 tras fijar inicialmente el 3 de agosto de ese año en el calendario legislativo, ha generado una profunda preocupación en la comunidad jurídica, abarcando a juristas, académicos e instituciones del sector.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaño Guzmán sostiene que la fecha límite exige una intervención urgente para evitar un impacto negativo directo en el ordenamiento judicial dominicano.
Alertan sobre «graves lesiones» al sistema penal
El jurista explicó que existe una inquietud generalizada debido a que el texto aprobado del Código Penal establece un régimen que adolece de ambigüedades, duplicidades e incoherencias. Según Castaño Guzmán, la aplicación inmediata de la ley en estas condiciones provocaría distorsiones en los tribunales.
Considera que su entrada en vigencia crearía graves lesiones al sistema de justicia penal, deterioraría severamente la armonía que debe existir entre las normas que conforman el bloque de constitucionalidad en el marco de la Constitución de la República.
«Dada la cercanía de la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Penal, establecido en su art. 393 para el 5 de agosto de este año, y en aras de crear las condiciones para superar la grave situación descrita, FINJUS solicita al Presidente de la República que presente un proyecto de ley al Congreso de la República para modificar el citado art. 393, para que la entrada en vigor se extienda por un plazo mayor», reza la solicitud de Castaños Guzmán.
La propuesta de ampliación de Finjus de la vacatio legis tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo técnico.
Durante este periodo de extensión, sostiene que los actores esenciales del sistema penal, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y los demás sectores implicados, tendrían el tiempo necesario para encontrar las vías jurídicas idóneas para superar cada uno de los problemas detectados.
El jurista enfatizó que este aplazamiento permitirá realizar las consultas pertinentes y establecer consensos robustos, garantizando que el Código comience a implementarse plenamente revestido de las garantías y atributos que señala la Carta Magna.
Valoró el compromiso demostrado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional para propiciar las mejores condiciones normativas, confiando en que un Código Penal liberado de tensiones técnicas e incongruencias se convertirá en un instrumento clave para fortalecer el orden democrático, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica en la nación.
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