A diferencia de los intentos anteriores, la propuesta de una reforma al sistema tributario de la República Dominicana, presentada por el Ministerio de Hacienda el pasado jueves 11 de junio, solo duró seis días en el Congreso Nacional para luego ser firmada por el presidente Luis Abinader y pasar a ser conocida como la ley 30-26.
De esta forma y en un récord máximo de siete días, la nombrada Ley de Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional logró lo que la iniciativa de Modernización Fiscal (2024) y la propuesta legislativa incluida en el Presupuesto General del Estado (2021) no pudieron: ser aprobadas.
No obstante, es importante aclarar que, aun cuando las tres buscaban fortalecer las finanzas y aumentar las recaudaciones del Estado, la reforma actual modifica varios puntos que en su momento generaron controversia en la población.
Una de las diferencias principales es que la ley vigente elimina el anticipo para las microempresas, mientras que redefine el pago trimestral para las pequeñas en un 40% y en las medianas a un 60%. El anterior proyecto de modernización fiscal planteaba su eliminación total para las personas físicas y las pymes dentro del marco fiscal, y la ley del presupuesto general estructuró los ingresos y gastos del Estado sin contemplar su eliminación.
Impuestos
Respecto al Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), la primera propuesta del 2021 proponía aplicar su retención a los servicios digitales internacionales, además de eliminar la tasa reducida del 16% vigente.
La ley de Modernización Fiscal propuso la unificación del ITBIS a una tasa única del 18% y cambiar su nombre oficial a Impuesto al Valor Agregado (IVA). De su lado, la nueva propuesta eliminó cualquier modificación posible al tributo, manteniendo intacta su base imponible.
Para el Impuesto sobre la Renta (ISR), el presupuesto general del Estado proponía incluir su cobro al salario de Navidad, exceptuando a los salarios que se encontraran por debajo del mínimo exento establecido. El proyecto de modernización fiscal planteaba un “nuevo tramo” en la escala de impuestos, implicando un aumento en su tasa para las personas físicas que percibían ingresos superiores a los RD$200 mil.
La actual reforma tributaria indica que los trabajadores que devenguen hasta RD$39,000 mensuales no pagarán el tributo, además de reducir su tasa de retención del 27% al 15% para los pagos realizados por empresas dominicanas a proveedores no residentes.
Servicios digitales
Tanto la propuesta de 2021 como la del 2024 contemplaron establecer impuestos a los servicios digitales contratados en la República Dominicana.
En la primera se facultó a la Dirección General de Impuestos (DGII) para establecer un mecanismo de cobro y en la segunda una integración formal en el marco del ITBIS con una tasa del 18%, así como la aplicación de retenciones a pagos por tecnología realizados desde el país hacia el exterior.
La Ley 30-26 no incluye nuevos impuestos a las suscripciones digitales personales, aun cuando el titular de la DGII, Pedro Urrutia, declaró establecer esta medida en días antes.
Amnistía fiscal
En términos de amnistía fiscal, ninguna de las reformas anteriores lo ofreció en sus medidas; la reforma actual las dispone para reducir la presión fiscal en los segmentos de menores ingresos.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Magín Díaz, este nuevo planteamiento en las deudas tributarias tendrá como plazo límite para acogerse el 31 de diciembre, pero señaló que quienes se acojan a ella dispondrán de hasta 12 meses para pagar, brindándoles un plazo exacto de un año después de cumplida la fecha.
Este recurso también permitirá la exoneración de los recargos y mora, pero no del capital, y en algunos casos la eliminación de estas penalidades será de hasta un 100%, según los detalles específicos que establezca la ley.
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