El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco “Pancho” Álvarez Valdez, rechazó que en República Dominicana exista una guerra jurídica o una utilización del sistema judicial con fines políticos, y afirmó que los casos de corrupción deben continuar su curso en los tribunales.
Durante una entrevista en el programa D´Agenda, Álvarez explicó que, a su entender, en el país no se han usado procesos judiciales para inhabilitar dirigentes políticos.
“Si una persona estuvo en un cargo público administrando mal el dinero y distrajo fondos, no se puede hablar de lawfare”, expresó.
caso calamar
Sobre el caso Calamar, el jurista sostuvo que Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta deberían llegar a juicio de fondo, donde puedan defenderse y presentar sus pruebas.
Explicó que la audiencia preliminar no determina culpabilidad o inocencia, sino que evalúa si existen elementos suficientes para que un expediente sea conocido en un juicio.
Álvarez mencionó que en el caso de Castillo existe el testimonio de Mimilo Jiménez, quien declaró haber entregado miles de millones de pesos, y consideró que esas pruebas deben ser valoradas por un tribunal.
Afirmó que llevar el caso a juicio también sería conveniente para los imputados, porque una absolución en esa etapa permitiría despejar dudas sobre su responsabilidad.
Defiende derecho de embajadora
El coordinador de Participación Ciudadana también defendió el derecho de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, a expresar sus opiniones sobre el sistema judicial y la democracia.
Dijo que no considera esas declaraciones como una violación a la soberanía, sino parte del debate democrático internacional.
sobre la tragedia jet set
Sobre la tragedia del centro nocturno Jet Set, Álvarez calificó el hecho como doloroso y afirmó que, si la legislación dominicana lo permitiera, a los responsables podría aplicárseles cadena perpetua por la cantidad de víctimas.
Sin embargo, aclaró que técnicamente el caso está limitado a la figura de homicidio involuntario, debido a que la ley actual no contempla una sanción mayor.
El abogado también vaticinó que cuando el presidente Luis Abinader deje el poder podrían conocerse nuevos casos de corrupción relacionados con funcionarios de su administración.
Señaló que históricamente muchos expedientes salen a la luz cuando los gobiernos terminan, aunque reconoció que en la actual gestión ya existen investigaciones abiertas.
Mencionó casos como Senasa, el Oncológico de Santiago y el Intrant, cuyos responsables deberán ser determinados por el Ministerio Público y los tribunales.
Finalmente, destacó que las condenas del caso Coral representan un precedente en la lucha contra la corrupción y consideró que ya es momento de que el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez llegue a juicio de fondo.
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