El gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda contra cuatro estados por negarse a emitir matrículas encubiertas para agentes federales, el frente más reciente en la lucha entre la Casa Blanca y estados gobernados por demócratas por la ofensiva migratoria del mandatario.
El Departamento de Justicia alega, en demandas separadas anunciadas el jueves, que Maine, Massachusetts, Oregon y el estado de Washington imponen restricciones inconstitucionales que, según afirma, impiden el trabajo de las fuerzas del orden y ponen en riesgo la seguridad de los agentes.
“Al negar matrículas encubiertas a componentes del DHS, incluido el ICE, mientras se las emiten a sus propias agencias estatales, estos gobernadores impulsan políticas discriminatorias y obstruccionistas contra las fuerzas del orden federales”, afirmó en un comunicado el secretario de Justicia interino Todd Blanche, refiriéndose por sus siglas en inglés al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
“Estas acciones socavan la aplicación federal de las leyes migratorias, permiten que delincuentes peligrosos eludan la justicia y aterrorizan a las comunidades estadounidenses”, añadió Blanche.
El Departamento de Justicia presentó las demandas el miércoles en tribunales federales de distrito en los estados respectivos. Se acusa a los cuatro gobiernos estatales de intentar “obstruir los esfuerzos del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias, aunque el control de la inmigración y de las fronteras del país es una facultad exclusivamente federal”.
Además, el Departamento de Justicia sostiene en las demandas que la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos impide que los gobiernos estatales regulen a las fuerzas del orden federales.
La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, quien supervisa el programa de matrículas de su estado y además es candidata demócrata a gobernadora, dijo que confía en que sus decisiones se sostendrán en los tribunales.
“Lo que el ICE hizo en Maine y sigue haciendo fue aterrorizar a nuestros amigos y vecinos”, dijo el jueves en una entrevista. “No hay policía secreta en una democracia y siempre defenderemos la seguridad y la libertad de los habitantes de Maine”.
Una portavoz de la procuradora general de Massachusetts, Joy Campbell, dijo que los abogados del estado “revisan la demanda y defenderán la política del RMV en la mayor medida posible”, refiriéndose al Registro de Vehículos Automotores por sus siglas en inglés.
Funcionarios en Washington y Oregon no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la acción federal.
Autoridades federales dicen que los agentes están en riesgo cuando se les identifica con facilidad
El gobierno sostiene que los agentes federales “con frecuencia investigan y detienen a delincuentes violentos, incluidos miembros de cárteles, pandilleros, delincuentes sexuales, traficantes de personas y otros agresores violentos”, y afirma que hacer que esas autoridades sean fácilmente identificables los expone a un mayor acoso y a posibles daños físicos.
La demanda se produce después de un intercambio de argumentos entre el Departamento de Justicia y algunos funcionarios estatales. Previamente, el gobierno había enviado cartas a funcionarios estatales exigiéndoles que justificaran sus políticas.
El fiscal general de Maine, Aaron Frey, respondió al Departamento de Justicia la semana pasada, defendiendo la política de su estado y cuestionando la afirmación del Departamento de Justicia de que esta ha obstaculizado acciones federales de aplicación de la ley.
“En realidad, el programa refleja una decisión de política legítima y constitucional por parte de la secretaria de Estado de no permitir que el gobierno federal se apropie de sus recursos para usarlos en actividades de control migratorio civil que, en Maine y en otros lugares, han dado lugar a múltiples incidentes de conducta abusiva e inconstitucional por parte de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional”, escribió Frey.
Bellows, en su función de secretaria de Estado, anunció en enero una pausa en las matrículas confidenciales, después de que las autoridades federales intensificaran sus actividades de control migratorio en el estado. La funcionaria dijo entonces que el estado quería estar “seguro de que las matrículas de Maine no se utilizarán con fines ilegales”.
En la demanda federal contra Maine se sostiene que el estado “ha emitido matrículas confidenciales a agencias de seguridad pública durante muchos años” y que “esas matrículas están explícitamente autorizadas por la ley de Maine”. La revisión que el estado efectuó este año, se argumenta en la demanda, derivó en una regulación estatal ilegal del gobierno federal al exigir que los solicitantes federales de matrículas estatales certificaran que los vehículos federales que obtuvieran matrículas confidenciales no se usarían para la aplicación de leyes migratorias civiles. En la demanda también se afirma que Maine no impuso requisitos equivalentes a las agencias estatales o locales que solicitaban las matrículas, lo que hace que el programa resulte discriminatorio contra el gobierno federal.
Bellows ya había defendido su decisión.
“Cuando el ICE pidió matrículas confidenciales, dije que no” porque “la aplicación encubierta de leyes migratorias civiles no es algo que Maine vaya a facilitar”, afirmó la semana pasada.
Los argumentos son similares al debate sobre el uso de máscaras de los agentes
Los argumentos del gobierno de Trump sobre las matrículas son similares a su defensa de que los agentes federales se cubran el rostro durante sus despliegues en ciudades estadounidenses. Eso se convirtió en un punto crítico en un prolongado cierre del gobierno por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, cuando los demócratas en el Capitolio exigieron cambios clave en la forma en que se ejecutaban los planes de deportación masiva de Trump después de que agentes federales enmascarados mataran a dos manifestantes que eran ciudadanos de Estados Unidos en Minnesota.
La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han mantenido la política del uso de máscaras de la agencia, y la administración ya logró que un tribunal federal emitiera una orden que bloqueó una ley de California que prohibía a los agentes del orden cubrirse el rostro en el estado.
Además, el gobierno se ha opuesto a las llamadas ciudades santuario, donde las fuerzas del orden locales no ayudan a las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias. Y Blanche ordenó a la División Civil del Departamento de Justicia que identifique todas las leyes, políticas y prácticas estatales y locales que podrían obstaculizar lo que el gobierno describe como “operaciones federales legales”.
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