SANTO DOMINGO.- El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, acusado de corrupción administrativa, denunció este viernes «abusos» en la justicia por el caso que le afecta y defendió que la persecución de la corrupción debe realizarse «respetando rigurosamente las reglas del Estado de derecho».
En un extenso documento difundido a los medios, Rodríguez, quien según el expediente judicial habría malversado más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, indicó que muchos de los «abusos» que denuncia forman parte de su «propia experiencia y todos ilustran prácticas que nunca deberían encontrar espacio en un Estado de Derecho».
CRITICAS AL MANEJO DEL PROCESO
Rodríguez señaló que «nunca debería manipularse un proceso penal para sustituir el juicio en los tribunales por un juicio paralelo en la opinión pública mediante filtraciones manipuladas, selectivas, información incompleta o ruedas de prensa que transformen una investigación en una condena social anticipada». Agregó que esa práctica «condiciona a los jueces en sus decisiones» y que «ninguna rueda de prensa debe sustituir una sentencia».
También cuestionó que existan «presiones, directas o indirectas sobre jueces» o que se «presione a los abogados de un imputado para que abandonen su representación legal». Criticó que abogados, jueces, fiscales, médicos, periodistas, peritos o testigos «sientan que el ejercicio independiente de sus funciones puede traer consecuencias personales».
DENUNCIA AFECTACIONES Y PRISION PREVENTIVA
El exprocurador denunció la utilización de un proceso penal para «afectar deliberadamente el patrimonio, la actividad profesional, las relaciones familiares o el entorno personal de un ciudadano antes de que exista una sentencia definitiva».
Entre las prácticas que rechazó citó: intimidar a clientes y entidades financieras, amenazar «con prisión a quienes mantienen relaciones profesionales con él», insinuar «suspensión de visados como mecanismo de presión», impedir visitas a recintos penitenciarios y «desnudar vergonzosamente a quienes realicen esas visitas».
Además, reprochó que se «oculten pruebas relevantes», se retrasen su entrega o se nieguen documentos ordenados por un juez, y que se utilice la prisión preventiva como «herramienta de castigo» o se permita que «un proceso penal supere ampliamente el plazo máximo de duración de cuatro años establecido por ley».
«No existe contradicción entre combatir la corrupción y respetar los derechos fundamentales. Al contrario: solo cuando ambas cosas ocurren simultáneamente puede afirmarse que existe verdadera justicia», concluyó.
TRIBUNAL RECHAZA NULIDAD JUICIO
El pasado martes, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de nulidad del juicio planteada por las defensas y ordenó la continuación del proceso judicial para el próximo 22 de julio de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana.
La resolución indicó que no hay razón para establecer que el uso de un mote en el proceso penal «haya causado un agravio al derecho de defensa», aunque ordenó a las partes abstenerse de utilizar apodos para referirse al caso, tal y como lo estableció el Tribunal Constitucional en una sentencia.
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