El senador por San Juan, Félix Bautista, propuso este miércoles que las infracciones relacionadas con el derecho a la libertad de expresión y a la información dejen de castigarse con penas privativas de libertad y, en su lugar, sean sancionadas mediante medidas de carácter económico.
Su propuesta se dio en la sesión sobre la entrada en vigor del Código Penal.
Durante su intervención en el Senado, el legislador sostuvo que varios países de la región han optado por ese modelo. Citó los casos de Argentina y Panamá, donde las sanciones son económicas; Perú, que combina sanciones económicas con servicios sociales; y Nicaragua, donde aseguró que también predominan las sanciones económicas.
Bautista respaldó su planteamiento con un fragmento del discurso pronunciado recientemente por la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, durante la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de ese país.
Recordó que la diplomática definió la libertad de expresión como «el oxígeno de la democracia» y advirtió que cuando se silencian las ideas «la libertad comienza a desgastarse».
El senador argumentó que la Constitución dominicana de 2010 coloca la libertad como uno de sus principios esenciales y señaló que ocho artículos consagran derechos vinculados a la libertad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de reunión, asociación, empresa, expresión e información, así como la intimidad y el honor.
Asimismo, afirmó que el artículo 49 de la Carta Magna garantiza el derecho de toda persona a expresar libremente sus ideas, buscar, recibir y difundir información por cualquier medio, sin censura previa. A su juicio, estas garantías protegen las investigaciones periodísticas, las denuncias públicas, las publicaciones en medios tradicionales y digitales, así como las expresiones en redes sociales.
«Sin libertad de expresión es imposible controlar al gobierno, denunciar la corrupción, fiscalizar a los funcionarios públicos, celebrar elecciones libres y formar opinión pública», expresó.
En ese contexto, valoró la decisión del presidente del Senado de proponer la creación de una comisión bicameral, integrada por senadores y diputados, para estudiar las modificaciones al proyecto de Código Penal junto a los distintos sectores de la sociedad.
Bautista también citó planteamientos del jurista Cristóbal Rodríguez, quien considera que la reforma debe garantizar principios como la seguridad jurídica, la legalidad de las penas, la libertad de expresión e información y el respeto al principio de bicameralidad.
Según explicó, Rodríguez propone eliminar del proyecto los tipos penales que considera vagos, imprecisos o contradictorios con los derechos constitucionales, incluyendo las disposiciones sobre difamación, injuria y ultraje a funcionarios, al entender que no son compatibles con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la protección de la libertad de expresión e información.
El legislador agregó que, de acuerdo con el jurista, el debate sobre el nuevo Código Penal también debe abordar aspectos como la responsabilidad penal de las empresas, el ejercicio de la medicina, la violencia de género y las disposiciones relacionadas con el aborto.
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