Santo Domingo, 13 jul (Prensa Latina).- La ministra dominicana de Interior y Policía, Faride Raful, rechazó hoy las peticiones de renuncia formuladas por sectores de la oposición y defendió la continuidad de la reforma de la Policía Nacional.
Raful aseguró que las transformaciones en ese cuerpo constituyen un proceso indispensable para mejorar una institución con más de nueve décadas de funcionamiento.
Durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, la funcionaria afirmó que cualquier agente que incurra en violaciones de la ley deberá responder ante la justicia y advirtió que el Gobierno no tolerará actos de impunidad dentro del cuerpo policial.
«Si la Policía actuó mal, tiene que tener una sanción», sostuvo Raful, quien insistió en que ningún miembro de la institución está por encima de la ley.
OBJETIVOS DE LA REFORMA
La ministra señaló que la reforma persigue fortalecer los mecanismos de supervisión, la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad preventiva, mediante cambios en los procedimientos internos, la modernización administrativa y una mayor coordinación entre las instituciones del Estado.
Respecto a los reclamos para que abandone el cargo, reiteró que continuará al frente del Ministerio de Interior y Policía mientras cuente con la confianza del jefe de Estado, Luis Abinader.
Asimismo, reconoció que todavía existen aspectos por mejorar y afirmó que la evaluación permanente forma parte del proceso de transformación institucional.
DEFIENDE DERECHO A PROTESTAS
En relación con las recientes protestas ciudadanas, reafirmó que el Gobierno respeta el derecho de la población a manifestarse pacíficamente y aseguró que las autoridades mantienen el compromiso de atender las demandas sociales dentro del marco constitucional y legal.
La muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, a causa de un disparo de un cabo de la policía en el municipio Santo Domingo Oeste, desencadenó una ola de protestas y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en el país.
En los últimos días, ciudadanos realizaron cacerolazos y concentraciones en distintos sectores del Gran Santo Domingo para exigir justicia por el caso.
Las manifestaciones también incorporaron otras demandas relacionadas con el alto costo de la vida, los precios de los combustibles, el denominado Plan Anticrisis y aspectos del nuevo Código Penal cuestionados por organizaciones sociales.
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