Activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos acudieron este viernes a la sede de la Cancillería de Venezuela, en Caracas, para solicitar que se permita el ingreso al país de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Andreína Baduel, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), entregó un documento a la Cancillería para solicitar que también se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a las cárceles y que, al igual que la CIDH, constaten las «violaciones de derechos humanos a las que están sometidos los presos políticos», según declaró a los medios presentes.
Asimismo, Baduel -también hija de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y preso político fallecido en 2021- abogó por el ingreso de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU.
Dicha organización ha solicitado acudir a Venezuela para «constatar la situación de violaciones de derechos humanos y no se lo han permitido«.
El documento entregado tiene cinco solicitudes del CLIPP, entre ellas que la Cancillería formalice la invitación y facilite los protocolos necesarios para la visita de la CIDH, así como la cooperación de la Misión Independiente de la ONU.
Además, se piden autorizaciones para que el Comité Internacional de la Cruz Roja acceda de manera regular a los centros de detención de Venezuela para evaluar las condiciones de «salubridad, integridad física, nutrición y asistencia médica de las personas privadas de libertad».
También se solicita un mecanismo de comunicación directa entre el Clipp y la Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para informar a organismos internacionales sobre los casos de «muertes bajo custodia y desapariciones forzadas que aún no han sido esclarecidos».
Rol activo
La ONG pidió a la Cancillería que «asuma un rol activo» en la implementación de la Ley de Amnistía, que contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido y casos relacionados con operaciones militares y otros delitos.
Al menos 51 presos comunes fallecieron entre abril y julio de este 2026 en Venezuela, según un conteo publicado este viernes por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
El pasado martes, el OVP indicó que algunos de los fallecidos «padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada«.
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