El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) consideró que la jueza debió dictar auto de apertura a juicio de fondo contra los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, al entender que es en esa etapa donde «se desarrolla plenamente la actividad probatoria y se garantiza el debate contradictorio» de los procesos penales.
La organización presentó su 9no. Informe del Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa, en el que da seguimiento a los principales procesos judiciales en curso en la República Dominicana.
En el documento, PC también cuestionó la decisión que favoreció con un no ha lugar a Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, señalando que igualmente debió ser enviado a juicio de fondo.
Según el informe, las pruebas y testimonios aportados por el Ministerio Público «debieron ser suficientes» para que los tres imputados enfrentaran la siguiente fase procesal, donde corresponde valorar de manera integral la credibilidad y pertinencia de los elementos presentados, conforme al debido proceso.
Recuerda que este caso de corrupción, presuntamente fueron distraídos «alrededor de 41 mil millones de pesos«, cuya particularidad es que en dicho expediente «figuran, un total de 175 querellantes y actores civiles relacionados con el pago de expropiaciones por parte del Estado».
Esos querellantes se suman a la de querellante y actor civil del Estado dominicano, a través de los abogados contratados para perseguir la recuperación de bienes distraídos al Estado.
El informe presentado por PC otorga especial atención a los casos de los militares y policías que encabeza el mayor general Adán Cáceres y compartes, condenados por el tribunal de primera instancia; el que lideran los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, y el exdirector del Intrant, Hugo Beras y el empresario José Ángel (Jochi) Gómez.
Solo hace sus observaciones en esos expedientes «debido a las recientes decisiones judiciales adoptadas en cada uno de estos procesos, las cuales revisten especial relevancia para el desarrollo de la justicia penal en materia de corrupción«, explica en dicho informe.
En los casos de Senasa, del Instituto Regional Oncológico del Cibao y del exprocurador Jean Alain Rodríguez se trabajan en un décimo informe.
Sobre Gonzalo Castillo
Con respecto al exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial peledeísta Gonzalo Castillo, PC hizo referencia al argumento de la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez, para emitir el no ha lugar a favor del exfuncionario, cuando describió cheques emitidos por tercero a favor del acusado «sin hacer juicio sobre ellos.
«Probablemente –dice- se debió a que quería señalar que esos cheques fueron contribuciones lícitas a la campaña presidencial del señor Castillo, para unirlo a su argumento de que no se podían distinguir los fondos lícitos de los supuestos fondos ilícitos», refiere el movimiento no partidista.
Explica que, en la etapa preliminar sobre el caso de corrupción, el Ministerio Público ofertó testimonios para probar la presunta relación de Castillo con los fondos ilícitos, los cuales fueron admitidos como pruebas que se valorarán en el juicio de fondo de los que sí pasaron a esa etapa y que «debieron ser suficientes» con respecto al excandidato presidencial.
La estafa de los más de 41 mil millones de pesos de las que se imputa al exfuncionario junto a Peralta y Donald Guerrero se habría ejecutado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos a contratistas que, según la imputación, habrían sido utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
También a través de extorsión a bancas de loterías y deportivas.
Caso de José Ramón Peralta
En cuanto a la acusación del Ministerio Público contra el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, PC dice que los fiscales ofertaron el testimonio del exdirector de la desaparecida Oisoe, Francisco Pagán «para probar» que este presuntamente recibió la suma de 50 millones de pesos, así como los testimonios de Ramón Emilio Jiménez, José Ureña y Fernando Crisóstomo.
«Estos elementos debieron ser suficientes para disponer su envío a juicio de fondo, escenario procesal en el que correspondía realizar una valoración integral de las pruebas, a fin de determinar, conforme al debido proceso, la inocencia o culpabilidad del imputado».
En ese proceso penal se dictó auto de apertura a juicio de fondo contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Silver Peña, respectivamente, y al abogado Ángel Lockward.
29 condenas en primer grado
PC destacó que «en apenas dos semanas» se produjeron decisiones judiciales en tres de los principales casos de corrupción administrativa del país, la condena al mayor general del Ejército Adán Cáceres y compartes y el envío a juicio de fondo al exdirector del Intrant, Hugo Beras y Jochi Gómez, así como a los exfuncionarios que encabezan los exministros.
«Estas decisiones han dado lugar a 29 condenas en primer grado y al envío a juicio de fondo de 51 personas imputadas», calculó.
Agregó que, si se suman a «las 29 dictadas el 14 de agosto de 2025 en el caso de Alexis Medina y compartes, el total de personas condenadas en primer grado en los grandes casos de corrupción asciende a 58″.
Reconoció «el enorme esfuerzo realizado» por el Ministerio Público para presentar el caso de los policías y militares condenados «sustentándolo con un amplio acervo probatorio.
De igual manera, es justo reconocer la labor de las magistradas del Primer Tribunal Colegiado, cuyo manejo del proceso ha sido impecable, pese a la extraordinaria complejidad del caso».
El tribunal es presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las magistras, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
About The Author
