El abogado Hernani Aquino exigió un recorte del 80 por ciento al financiamiento del presupuesto que otorga el Estado al Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras el Gobierno proponer una reducción de un 50% como medida para mitigar los efectos en la economía de la crisis global desatada por la guerra en Medio Oriente.
En un contexto de la creciente sobre la economía dominicana por los efectos de la crisis internacional derivada de la guerra en Medio Oriente, el abogado Hernani Aquino elevó el tono del debate sobre el uso de los recursos públicos al exigir un recorte más severo en el financiamiento estatal destinado al oficialista Partido Revolucionario Moderno.
La propuesta del Gobierno de reducir en un 50% los fondos asignados a los partidos políticos, fue calificada por el jurista como insuficiente y carente de equidad, al considerar que no toma en cuenta el peso y los beneficios diferenciados que recibe la organización que ostenta el poder.
“Si el Gobierno realmente desea dar un ejemplo de sacrificio ante la crisis que afecta a las familias dominicanas, la reducción debió iniciar con un recorte del 80% al financiamiento que corresponde al partido de gobierno”, afirmó Aquino, al subrayar la necesidad de medidas más contundentes.
El abogado cuestionó la aplicación de un ajuste uniforme para todas las fuerzas políticas, al entender que el partido que administra el Estado es el principal receptor de recursos y, por tanto, debería asumir una mayor carga en tiempos de austeridad.
“No es justo ni ético que se aplique un recorte uniforme cuando el partido que administra el Estado es el principal beneficiario de estos recursos”, insistió.
Aquino advirtió que el país atraviesa un momento en el que la población demanda señales claras de responsabilidad y coherencia por parte de sus autoridades, especialmente ante el impacto indirecto que la crisis internacional ha comenzado a generar en el costo de vida.
En ese sentido, instó a las autoridades a aplicar criterios de equidad y proporcionalidad en cualquier política de ajuste fiscal, señalando que la credibilidad del discurso oficial depende de acciones concretas que reflejen un verdadero compromiso con la ciudadanía.
“El pueblo dominicano espera coherencia entre el discurso de austeridad y las acciones concretas. La verdadera solidaridad con el país empieza por reducir primero los privilegios de quienes tienen el poder”, concluyó el jurista.
El planteamiento reabre el debate sobre la distribución del financiamiento público a los partidos y coloca en el centro de la discusión la necesidad de revisar los mecanismos de asignación en tiempos de crisis, donde cada decisión fiscal tiene un impacto directo en la confianza ciudadana y en la estabilidad económica nacional.
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