En el Congreso se mueve un proyecto de ley que reorganiza el sector de los juegos de azar y que, entre otros aspectos, impone una veda de diez años para el otorgamiento de nuevas licencias de casinos, bancas de lotería y salas de tragamonedas, además de establecer penas de prisión para quienes operen al margen de la ley.
La iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados, pero antes de su aprobación final en el Senado fue detenida para más revisiones.
La pieza dispone, en su artículo 190, que durante una década no podrán emitirse nuevas licencias para bancas de loterías. La única excepción serán los casinos que formen parte de nuevos proyectos hoteleros.
Además de frenar la expansión del sector, el proyecto endurece las sanciones contra las operaciones ilegales y, en ese sentido, el artículo 161 establece penas de uno a dos años de prisión para quienes operen sin licencia o fuera de los lugares autorizados, mientras que los artículos 162 y 163 contemplan condenas de hasta diez años de cárcel para infracciones más graves, como el uso de testaferros o la ocultación de ganancias.
La nueva legislación también crea la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), un organismo autónomo encargado de regular, supervisar y sancionar las actividades del sector.
En el ámbito digital, el artículo 78 de la ley fija un impuesto del 10 % sobre las ventas brutas de los juegos por internet y faculta a las autoridades a bloquear dominios y direcciones IP de plataformas que operen sin autorización en el país.
Asimismo, el proyecto ordena la creación de un Sistema Único de Registro para concentrar la información de las apuestas y fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos.
Como parte de las medidas de regulación, el artículo 26 de la normativa en estudio dispone que los locales de apuestas no podrán instalarse a menos de 500 metros de escuelas, hospitales e iglesias, mientras que, en el caso de las bancas de lotería, esa distancia se reduce a 200 metros.
Además, la ley también establece que las máquinas tragamonedas deberán devolver a los jugadores al menos el 85 % de lo apostado, según el artículo 72, y limita a 15 la cantidad máxima de estas máquinas por banca de apuestas deportivas.
Vicios con juegos
Entre otras disposiciones, el proyecto crea un Registro Nacional de Autoexclusión para personas que padecen vicios por los juegos de azar, obliga a instalar relojes oficiales en los establecimientos y exige que los locales cuenten con aire acondicionado y baños.
La ley también prohíbe a los propietarios de negocios de apuestas otorgar préstamos a los jugadores o aceptar pertenencias personales, como joyas o vehículos, como forma de pago para las apuestas, según dispone el artículo 30.
Igualmente, el artículo 27 impide el ingreso de menores de edad, personas armadas o en estado de embriaguez a los lugares de apuestas, y prohíbe que deportistas y árbitros apuesten en competencias en las que ellos mismos participen u organicen.
El proyecto fija además un horario de funcionamiento para casinos y salas de tragamonedas, que será de 4:00 de la tarde a 6:00 de la mañana y dispone que el 10 % de las multas recaudadas en el país se destine a programas para combatir la ludopatía.
Como incentivo para la regularización del sector, el artículo 191 establece un régimen de descuentos para deudas de impuestos acumuladas hasta el 2025.
Las quejas
Mientras el proyecto era discutido inicialmente en las cámaras congresuales, Fenapadres y la Asociación contra la Ludopatía manifestaron preocupación por una eventual expansión de las bancas y la reducción de las distancias de seguridad.
Sin embargo, el proyecto establece la prohibición de nuevas licencias durante diez años, la restricción de acceso a menores y la distancia mínima de 500 metros para las bancas deportivas, aunque reduce a 200 metros la separación exigida para las bancas de lotería.
Por otro lado, Fenabanca cuestionó que el proyecto no le otorgue representación en el Consejo Técnico que regularía los jugos de azar.
Su queja nace porque el artículo nueve de la iniciativa establece que este órgano estará integrado únicamente por funcionarios del Estado, aunque su párrafo dos permite invitar a representantes del sector a reuniones puntuales para ser escuchados.
La pieza primero nació en el Senado y después pasó a la Cámara de Diputados. Allí se modificaron algunos artículos y, por instrucciones reglamentarias, el proyecto volvió al Senado, pero antes de ser aprobado definitivamente, los senadores decidieron estudiar las modificaciones de los diputados más detenidamente en una comisión. Con el trámite, el proyecto quedaría pendiente para seguir su curso a partir del 16 de agosto, cuando inicie la nueva legislatura.
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