Meses sin funcionar y sin un accidente registrado ni un tapón reportado. Las preguntas que el Seibo tiene derecho a hacerse antes de que enciendan esas luces.
Por / Cesarin Leonardo Febles M. A.
Harán que los Seibanos en vez de querer visitar o pasar por la plaza a Manuela Díez y ver ondear las banderas eviten cruzar por allí por temor a una multa o tener que consumir combustibles innecesarios parado esperando una luz verde sin que nadie esté cruzando en la otra calle.
Imagine usted un conductor detenido en rojo, solo,
a medianoche, o un motorista al solazo, frente a una calle vacía. No es tremendismo, hipérbole ni exageración. Es la consecuencia lógica y cotidiana de instalar o reactivar semáforos en intersecciones cuyo volumen de tráfico no los justifica. Y en la rotonda de la avenida Manuela Díez Jiménez con Nuestra Señora del Rosario y Dr. Teófilo Hernández, en el corazón de Santa Cruz de El Seibo, esa es y otras son precisamente las preguntas que pongo sobre la mesa con la honestidad que merece responderse con datos y no con protocolo.
Los semáforos llevan meses apagados. Y en ese tiempo, según el propio diagnóstico ciudadano, no se han registrado accidentes atribuibles a su ausencia, no hay tapones reportados, no hay caos vial documentado. La rotonda, por su diseño y por el flujo real de vehículos que transita por ella, ha seguido funcionando. Eso no es un accidente. Es una señal.
La ciencia del tráfico urbano lo respalda. Investigadores han documentado que la eliminación de semáforos en entornos urbanos con tráfico moderado, como ocurrió en la ciudad de Drachten en Países Bajos, ha mejorado la fluidez del tráfico y reducido emisiones al eliminar detenciones innecesarias, aunque su viabilidad depende de factores como la intensidad del tráfico, la velocidad de circulación y la seguridad vial. El dato clave es ese: la intensidad del tráfico. Lo que funciona en una avenida saturada de una capital puede ser un obstáculo absurdo en una rotonda de una ciudad intermedia con circulación moderada.
El argumento económico tampoco es menor. Cada vez que un conductor acelera y frena en un semáforo urbano, desperdicia la energía cinética acumulada, convirtiéndola en calor inútil. Un vehículo que en carretera consume entre 5 y 6 litros cada 100 kilómetros puede elevar esa cifra hasta 8 o 9 litros en tráfico urbano con paradas frecuentes.
Hagamos números. Multiplíquese eso por los cientos de vehículos que cruzan esa rotonda en un día, muchos de ellos en horas de baja circulación, detenidos ante una luz roja sin ningún vehículo cruzando por el otro sentido. El resultado no es seguridad vial. Es gasto de combustible transferido al bolsillo del seibano sin ninguna justificación técnica real. Las frenadas y arranques constantes no solo consumen más combustible sino que castigan frenos, neumáticos, transmisiones y motores, generando costos adicionales que se acumulan silenciosamente.
Y luego está el tema de las multas, que quiero señalar con precisión quirúrgica. El alcalde Leo Francis Zorrilla Ramos trabaja en buscar solución a un problema que es, en el fondo, de la DIGESETT ya que no puede multar violaciones de semáforos que no funcionan. Pero la pregunta que nadie ha respondido públicamente es cuántas multas se imponían cuando sí funcionaban, en qué horarios, y si esa recaudación respondía a una necesidad real de seguridad o a una lógica de fiscalización que poco tiene que ver con el tráfico real de una ciudad como El Seibo.
Las preguntas que planteo en este análisis no son retóricas. Son las preguntas que cualquier municipio responsable debería responder antes de reactivar una infraestructura: ¿cuántos accidentes ocurrieron con los semáforos apagados? ¿Cuántos ocurrían cuando estaban encendidos? ¿Tiene el Ayuntamiento un programa educativo para orientar a la población sobre el uso de estos dispositivos? ¿Existe una política pública de movilidad que justifique la medida, o se trata simplemente de encender lo que estaba apagado sin evaluar si sigue siendo necesario?
Ahí está el problema de todo esto. Una municipalidad no cumple su función de garantizar seguridad, viabilidad y desarrollo comunitario por el simple hecho de encender semáforos. Los cumple cuando toma decisiones basadas en datos reales, en el comportamiento actual del tráfico, en el impacto económico sobre sus ciudadanos y en la confianza que una comunidad deposita en sus autoridades. Lo que puede sostenerse con fundamento técnico es que una gestión del tráfico adaptada al contexto urbano real, con o sin semáforos, es lo que mejora la fluidez y reduce emisiones. No importa solo cuántos vehículos circulan, sino cómo lo hacen y qué obstáculos se les ponen en el camino.
El seibano que hoy cruza tranquilo por esa rotonda, sin detenerse ante un rojo innecesario, sin quemar combustible esperando una luz verde que nadie necesita, no está violando ninguna norma. Está usando el sentido común que la propia dinámica del lugar le confirma cada día. La pregunta real no es si los semáforos deben encenderse. Es si alguien en posición de autoridad está dispuesto a responder, con honestidad y con datos, si apagarlos fue un descuido o, sin quererlo, la mejor decisión de tráfico que se ha tomado en esa rotonda en mucho tiempo.
About The Author
