Santo Domingo.- El Ministerio Público sometió a la justicia a un hombre acusado de estafa, usurpación de funciones y delitos de alta tecnología, tras operar durante años un esquema en el que se hacía pasar por abogado y fiscal para engañar y extorsionar a sus víctimas.
El imputado, Enercido Amaurys Heredia González, fue arrestado en flagrante delito dentro de las propias instalaciones del Ministerio Público, mientras presuntamente ejecutaba una de sus maniobras fraudulentas, por lo que las autoridades solicitaron prisión preventiva como medida de coerción.
De acuerdo con la Dirección General de Persecución, el acusado habría mantenido durante al menos dos años un esquema sistemático de suplantación de identidad, mediante el cual ofrecía servicios legales inexistentes, cobraba honorarios y, en algunos casos, extorsionaba a sus víctimas bajo amenazas.
Durante las investigaciones han sido identificadas al menos cuatro víctimas directas, con pérdidas económicas que ascienden a decenas de miles de pesos, además de una tentativa de extorsión por RD$150,000.
El Ministerio Público explicó que Heredia González se hacía pasar por abogado habilitado, condición que no posee, según certificaciones oficiales, e incluso como fiscal en ejercicio. Para ello utilizaba un número de WhatsApp con el logo institucional como foto de perfil, desde el cual enviaba citaciones falsas, vinculando a las víctimas con supuestos casos de homicidio.
Con esta estrategia, lograba que las personas le pagaran sumas de dinero por supuestos servicios legales o las presionaba con amenazas de arresto inminente.
Las autoridades establecieron que el imputado figura como estudiante activo de Derecho en un centro universitario, sin haber obtenido título profesional. Durante su arresto, le fue ocupado un carné de estudiante.
Según el expediente, el acusado captaba a personas de su entorno, a quienes aseguraba haberse convertido en abogado, ofreciéndose para gestionarles asuntos legales a cambio de pagos en pesos y dólares. Algunas víctimas recibieron citaciones falsas vía WhatsApp.
En uno de los casos, se ofreció como abogado defensor ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), negociando honorarios que redujo de RD$300,000 a RD$40,000, con un anticipo de RD$10,000.
El 29 de abril de 2026, el imputado se presentó junto a una de las víctimas en la sede central del Ministerio Público, donde insistía en el pago del dinero restante, utilizando incluso información personal del entorno familiar como mecanismo de presión.
La situación fue descubierta cuando la víctima verificó en recepción la existencia de un supuesto fiscal, confirmándose que no era real. En ese momento, el procurador fiscal Miguel J. Collado García procedió a su arresto en flagrante.
El expediente incluye pruebas documentales, materiales y procesales que sustentan la acusación, entre ellas el carné de estudiante.
El caso ha sido calificado jurídicamente como violación a los artículos 405 y 258 del Código Penal Dominicano, sobre estafa y usurpación de funciones públicas, así como a los artículos 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
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